1. Situación de la profesión
El sector de la edificación ha consolidado en 2022 su papel como impulsor de la economía madrileña, ámbito de nuestra actividad profesional, que ha recuperado sus niveles de actividad anteriores a la pandemia con una velocidad muy superior a la del resto de España. Es de destacar, a este respecto, la captación de inversión extranjera para todo tipo de actividades por parte de Madrid –especialmente en el ámbito inmobiliario–, que roza el 70 % del dinero invertido en España procedente de fuera de nuestras fronteras. Puede decirse que Madrid se afianza como locomotora de la economía española. Y ello es especialmente visible en las actividades edificatorias. Hay en la actualidad una docena de desarrollos urbanísticos que concluirán en el plazo de los próximos 25 años y que supondrán una inversión privada de al menos 30.000 millones de euros, encabezados por Madrid Nuevo Norte, el proyecto Renazca, los Desarrollos del Sureste o la Operación Campamento, que se traducirán en cerca de 160.000 nuevas viviendas y en el futuro hogar de 400.000 madrileños. Así pues, el horizonte laboral pone a disposición de nuestro colectivo interesantes oportunidades.
La actividad, además, se verá reforzada por los programas de ayuda a la rehabilitación energética, que se extenderán hasta el año 2026. Aparejadores y arquitectos técnicos desempeñaremos un papel fundamental a la hora de asesorar, encauzar, tramitar y dirigir todas las actuaciones encaminadas a la eficiencia energética del parque de viviendas madrileño.
Esta situación económica de relativo optimismo tiene su correlación en la Bolsa de Trabajo del Colegio, el observatorio más inmediato que disponemos para evaluar la tasa de actividad de aparejadores y arquitectos técnicos. Según las estadísticas, en 2022 se registró un 21 % menos de colegiados que hicieron uso de este servicio para encontrar una oportunidad profesional, lo que pone de manifiesto la buena tasa de actividad de nuestros técnicos en el sector. El Plan de Ayudas al Colegiado siguió la misma tendencia a la reducción de beneficiarios, lo que también aporta un dato positivo e inmediato sobre el estado de nuestra profesión.
Un elemento negativo, sin embargo, aparecía en el horizonte al cierre de esta Memoria de 2022. A mediados de febrero de 2023 se producía un bloqueo político en el Ayuntamiento de Madrid a la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997. Han transcurrido más de veinticinco años desde la aprobación de la normativa actualmente vigente, con los inevitables cambios sociales, económicos, tecnológicos y normativos que deberían ser contemplados en una nueva legislación. La reforma del PGOU, según estudios especializados en la materia, podría generar 4.400 puestos de trabajo en el sector. Con los cambios que se plantean sería más sencillo cambiar el uso asignado al suelo, levantar nuevas viviendas, tramitar proyectos y, en definitiva, plantear el fin de la vieja planificación urbanística. Los sectores más beneficiados serían la construcción y el inmobiliario. En el sector de la edificación han saltado de forma unánime todas las alarmas, puesto que el urbanismo madrileño podría verse seriamente amenazado. El bloqueo al nuevo plan, de persistir, retrasaría la tramitación de los expedientes, lo que influiría en la llegada de los inversores. Una mala noticia para nuestra profesión, pues afectaría al incremento de la oferta de vivienda, particularmente la vivienda social, y también a la eficiencia energética de edificios, otra de las grandes apuestas del nuevo PGOU.
Durante 2022 se registraron, no obstante, novedades jurídicas que contribuirán a un escenario de mayor estabilidad por lo que se refiere a la actividad edificatoria en nuestra latitud. Como ya es sabido se aprobó en los boletines oficiales de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid la nueva Ordenanza de Licencias y Declaraciones Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid (OLDRUM).
La nueva ordenanza fusiona las antiguas ordenanzas para la Apertura de Actividades Económicas y la de Tramitación de Licencias Urbanísticas en un nuevo marco normativo. El objetivo perseguido es sincronizar el ritmo de la actividad edificatoria con el de la tramitación de la documentación, algo que desde hace años era una necesidad apremiante.
Como consecuencia de ello, desde junio de 2022 las Entidades de Colaboración Urbanística (ECUs) podrán tramitar cualquier tipo de expediente, ya sea residencial o de actividad, en la ciudad de Madrid, con la lógica excepción de aquellos que afecten a suelos de dominio y uso público. Para Sociedad Técnica de Tramitación (STT), la Entidad de Colaboración Urbanística del Colegio, la incursión en el terreno de la tramitación residencial tiene una trascendental importancia y representa una oportunidad inmejorable de dar a conocer la calidad de sus servicios a toda sociedad y a los agentes involucrados en la cadena de la edificación. La ampliación de competencias al ámbito residencial había sido defendida por STT desde su puesta en funcionamiento, en el año 2010, como procedimiento ideal para agilizar la tramitación urbanística de expedientes, cuya lentitud ha sido un tradicional lastre para la actividad edificatoria en la capital.
A finales de 2022 se aprobó, por parte de la Comunidad de Madrid, la Ley 11/2022, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, más conocida como Ley Ómnibus. La normativa, que actúa
sobre 31 leyes regionales ya existentes, intenta aportar respuestas legislativas a cuestiones que se han trasladado de forma recurrente durante la última década en el urbanismo madrileño, y trata de brindar un marco normativo que ofrezca mayor agilidad procedimental y la necesaria seguridad jurídica. La Ley Ómnibus modifica la Ley del Suelo y contempla la eliminación o simplificación de cargas burocráticas y procedimientos administrativos, incentivando la colaboración público-privada como un mecanismo necesario para seguir impulsando la región de Madrid como foco para la inversión nacional e internacional en un entorno de seguridad jurídica. Entre otras novedades, facilita la aprobación de Planes Especiales y evita que cualquier cambio requiera modificaciones en los Planes Generales. Gracias a la Ley Ómnibus, la Comunidad de Madrid permitirá a los ayuntamientos construir vivienda pública en suelo dotacional en desuso para su posterior alquiler sin necesidad de realizar antes una modificación del planeamiento urbano local. Esta posibilidad contribuirá a dinamizar aún más el sector de la construcción y a aliviar la enorme presión que existe sobre el parque de vivienda asequible en nuestro territorio.
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid
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